Las normas fueron aprobadas por el Consejo Superior de la UNRN.
Este proceso de fortalecimiento incluye la actualización del
Plan de Igualdad de Género para el periodo 2026-2027; la renovación del Protocolo
para la Actuación en Situaciones de Violencias; el Reglamento de Investigaciones
Administrativas y un nuevo Reglamento para la Convivencia Estudiantil.
La actualización del Plan de Igualdad de Género se
centra en la promoción del diseño de una institucionalidad más robusta en
materia de género. Se estructura como un conjunto ordenado de medidas a adoptar
orientadas a alcanzar en la esfera institucional la igualdad de trato y de
oportunidades y a reducir y eliminar todas las formas de violencia y
discriminación en razón del género con una propuesta de cronograma bianual para
el alcance de las metas establecidas (periodo 2026-2027). Aquí se plantean
acciones vinculadas a los ejes estratégicos del Plan, tales como:
capacitaciones en materia de género interseccionales y con perspectiva de
derechos humanos para los distintos sectores universitarios, creación del área
de género en el Rectorado, garantizar lenguaje inclusivo mediante la creación
de un manual de estilo y campañas de sensibilización, creación de datos en la
materias y producción de informes de acceso público.
La actualización del Protocolo para la Actuación en Situaciones
de Violencias Directas e Indirectas basadas en el Género incorpora
como modificación central la creación de un Formulario único y estandarizado de
recepción de denuncias de violencias de género directas o indirectas. Este
estará disponible y accesible de forma virtual por canales oficiales y
presencial en cada una de las UVDI.
Esta reforma dispone la jerarquización de las UVDI mediante
el reconocimiento histórico de cada una de sus integrantes en función o que
hayan cumplido funciones, la elaboración de su Reglamento Interno; y asignación
mensual para cada integrante de las UVDI titulares por función, de acuerdo a la
disponibilidad presupuestaria. Asimismo, cada integrante de las UVDI contará
con asistencia legal de la Institución ante cualquier presentación que hubiere
por el desempeño de sus funciones en este marco.
Por su parte, la reforma integral del Reglamento de Investigaciones Administrativas tiene
como objetivos principales:
-Mayor protección de derechos y fortalecimiento de la
perspectiva de género, mediante la definición de pautas específicas para casos
de violencia laboral y de género.
-Fortalecer la prevención de actos discriminatorios,
promoción de buenas prácticas en la convivencia laboral y académica, promover
un trato respetuoso entre la comunidad universitaria.
-Modernización y eficiencia de los procedimientos.
-Se incorpora una clasificación y graduación de faltas
disciplinarias, sanciones principales y accesorias. Estas últimas tienen
carácter preventivo, promocional y reparatorio del daño y serán de tipo
propositivos, reflexivos y con orientación al fortalecimiento de la comunidad
universitaria.
-Se incorpora la figura de reiterancia. Quedará asentada la
manifestación o testimonio de la parte denunciante y constará como precedente
de la parte denunciada.
-Se incorporan disposiciones en casos de discriminación y
discursos de odio.
-Resolución de conflictos menores o convivenciales mediante
mediación y la incorporación de procedimiento.
Finalmente, el Reglamento para la Convivencia Estudiantil
busca garantizar el cumplimiento de las normas institucionales, promover la
resolución pacífica de conflictos y asegurar el debido proceso en la aplicación
de medidas disciplinarias, con enfoque interseccional de género y derechos
humanos.
Para fortalecer la respuesta institucional, el Consejo Superior de la Universidad aprobó una reforma normativa integral que actualizó el Plan de Igualdad, el Protocolo de Violencia, el Reglamento de Investigaciones y el Reglamento para la Convivencia Estudiantil. Esta nueva gobernanza busca garantizar la protección de derechos bajo una perspectiva interseccional y facilitar el acceso a los mecanismos de denuncia.
Antecedentes
La implementación de este conjunto de medidas se fundamenta en un diagnóstico exhaustivo de la realidad institucional, que entre el año 2023 y el primer semestre de 2026 registró 43 expedientes por violencia de género, de los cuales ya 16 concluyeron. Aplicó medidas cautelares en el 79% de los casos, incluyendo prohibición de acercamiento y contacto, licencia sin goce de haberes, suspensión total de las tareas docentes, administrativas y de investigación, asignación a clases virtuales asincrónicas, reubicación de las personas denunciadas, cambios de comisiones, entre otras medidas. Algunos casos se encuentran en proceso de investigación y prueba, otros en plena etapa ejecución de sanciones y reparaciones, o en etapa recursiva administrativa o judicial, otros han sido temporalmente suspendidos por licencias de salud mental de las personas imputadas, mientras que algunos han sido archivados por falta de pruebas, siempre respetando la protección y acceso a la justicia de las víctimas y el debido proceso de las personas denunciadas. Las sanciones que se han aplicado a estudiantes, personal docente y no docente comprenden un amplio rango de disposiciones: desde cesantías hasta suspensiones sin goce de haberes, apercibimientos, exigencia de acreditación de cursos de capacitación y pedidos de disculpas.
