Votada por unanimidad, la declaración expresa que la
situación actual de las universidades nacionales y de la UNRN configura una
emergencia que compromete el sostenimiento del sistema universitario público,
gratuito y de calidad. Al mismo tiempo, denuncia una "crítica
situación" que afecta tanto el funcionamiento normal de la institución
como el poder adquisitivo de los trabajadores. La declaración del Consejo
además expresa una especial preocupación por el impacto que esta situación presupuestaria
tiene en las becas estudiantiles, exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento
Universitario y rechaza el desfinanciamiento como política pública.
El Consejo de
Programación y Gestión Estratégica de la UNRN declara:
Su profunda
preocupación por la crítica situación presupuestaria y salarial que atraviesa
el sistema universitario nacional, la cual se ha agravado de manera sostenida
en el último tiempo, comprometiendo seriamente el normal funcionamiento de las
universidades públicas y el cumplimiento de sus funciones esenciales de
enseñanza, investigación, extensión y vinculación con la sociedad.
En este
contexto, advierte con especial preocupación el impacto de esta situación sobre
las políticas de bienestar estudiantil, en particular sobre el sistema de
becas, cuya insuficiencia y falta de actualización en un escenario de alta
inflación afecta directamente la permanencia de estudiantes y profundiza las
desigualdades en el acceso a la educación superior.
Que esta
situación no constituye un fenómeno aislado ni coyuntural, sino que es la
continuidad de un proceso de deterioro que ya fuera advertido por este Consejo
en reiteradas oportunidades, y que ha derivado en una significativa pérdida del
poder adquisitivo de los salarios docentes y nodocentes, así como en una
reducción real de los recursos destinados al funcionamiento universitario, la
investigación científica y las políticas de inclusión.
Que la
sanción de la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario representó una
respuesta institucional del Congreso de la Nación para garantizar condiciones
mínimas de sostenibilidad del sistema, estableciendo obligaciones claras en
materia de recomposición salarial, actualización presupuestaria y
financiamiento de las universidades.
Que, sin
embargo, la falta de cumplimiento efectivo de dicha ley y de los fallos judiciales
asociados profundiza la incertidumbre y agrava el escenario actual, generando
un impacto directo en las condiciones de trabajo de las y los trabajadores
universitarios y en las trayectorias educativas de miles de estudiantes.
Que las
propuestas formuladas en el ámbito nacional, basadas en incrementos
insuficientes, no retroactivos y diferidos, no permiten recomponer la pérdida
acumulada ni resultan compatibles con el marco legal vigente, comprometiendo la
sostenibilidad del sistema universitario público.
Que el
presente pronunciamiento se formula, además, en un contexto de marcada
restricción presupuestaria para la Universidad Nacional de Río Negro. Para el
ejercicio 2026, esta Casa de Estudios solicitó un presupuesto total de $
80.267.165.162,97, mientras que el crédito otorgado en la Ley de Presupuesto
asciende a $ 36.153.032.028, lo que representa aproximadamente el 45,04 % de lo
requerido, generando una brecha de financiamiento de $ 44.114.133.134,97. A
ello se suma que, entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025, la inflación
acumulada (IPC nivel general) fue del orden del 259,3 %, incrementando de
manera sustantiva los costos de funcionamiento.
Que esta
combinación de subfinanciamiento, pérdida salarial y aumento sostenido de
costos configura una situación crítica que afecta integralmente el
funcionamiento de la Universidad y limita su capacidad de sostener sus
actividades académicas, científicas y de extensión.
Que el
desfinanciamiento del sistema universitario no constituye un problema sectorial,
sino una definición de política pública que impacta directamente en el
desarrollo científico, tecnológico y productivo del país.
Que, en este
contexto, este Consejo considera que la situación actual configura una
emergencia de carácter integral que compromete el sostenimiento del sistema
universitario público.
Que la
Universidad Nacional de Río Negro ha definido oportunamente acciones
institucionales en defensa del financiamiento universitario, incluyendo la
promoción de acciones administrativas y judiciales tendientes a garantizar la
efectiva aplicación de la normativa vigente.
En virtud de
lo expuesto, este Consejo ratifica la vigencia de la emergencia presupuestaria
de la Universidad Nacional de Río Negro, entendiendo que la misma se ha
profundizado en el actual contexto.
Asimismo,
reafirma la defensa irrestricta de la Ley de Financiamiento Universitario y
exige su cumplimiento integral, inmediato y efectivo, como condición
indispensable para garantizar el funcionamiento del sistema universitario
nacional.
En ese
marco, expresa su pleno respaldo a las acciones administrativas y judiciales en
curso destinadas a asegurar la aplicación de la ley y resguardar la
sostenibilidad del sistema.
Del mismo
modo, este Consejo ratifica la facultad otorgada al Señor Rector para llevar
adelante todas las acciones necesarias, en articulación con el Consejo
Interuniversitario Nacional y el conjunto de las universidades nacionales, a
fin de gestionar y garantizar los recursos indispensables para el
funcionamiento institucional, la recomposición salarial (convocando de manera
urgente a paritarias nacionales) y el sostenimiento de las políticas de
bienestar estudiantil.
Finalmente,
se insta al Poder Ejecutivo Nacional a asumir la responsabilidad que le
corresponde en el financiamiento del sistema universitario público,
garantizando el cumplimiento de la normativa vigente y la asignación de
recursos acordes a la importancia estratégica que la educación superior tiene
para el desarrollo del país.
La
Universidad Nacional de Río Negro reafirma su compromiso con la defensa de la
universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad, como base del desarrollo
nacional y la movilidad social.
La Universidad Nacional de Río Negro reafirma su compromiso con la defensa de la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad, como base del desarrollo nacional y la movilidad social.
