Por el rector Mg. Anselmo Torres.
Desde el inicio de la actual gestión
gubernamental (diciembre de 2023), el Estado Nacional no ha logrado aprobar
ningún presupuesto anual. El Poder Ejecutivo ha cumplido únicamente con la
obligación constitucional de elevar proyectos al Parlamento, sin que estos
hayan alcanzado sanción definitiva. En consecuencia, las universidades
nacionales han debido sostener su funcionamiento con mecanismos de prórroga y
reasignaciones discrecionales, sin contar con un marco presupuestario aprobado
ni con previsibilidad financiera mínima.
En este contexto, el Proyecto de Presupuesto
2026 debe ser entendido como una propuesta preliminar de referencia y análisis,
cuyo contenido requiere una revisión legislativa profunda para garantizar su
consistencia con las responsabilidades del Estado en materia de educación
superior, establecidas en los artículos 75 inciso 18 y 19 de la Constitución
Nacional.
El proyecto elevado para 2026 resulta
ampliamente inferior a las necesidades del sistema universitario público, tal
como fueron definidas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), órgano
técnico y federal que consolidó una propuesta presupuestaria basada en
criterios salariales, académicos, edilicios y de sostenibilidad sanitaria.
Esta insuficiencia se agrava debido a que el
propio Poder Ejecutivo reconoció, en el decreto que vetó la Ley de
Financiamiento Universitario aprobada por el Parlamento, que el salario real
del personal docente y no docente perdió más del 40% de su poder adquisitivo
frente a la inflación. Sin embargo, el Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 no
contempla un mecanismo de recomposición progresiva ni de mantenimiento del
financiamiento acorde con la magnitud de dicha pérdida reconocida
institucionalmente por el Estado.
Más allá del déficit general, el Proyecto 2026
presenta contradicciones dentro de su propia estructura interna. Un ejemplo
particularmente significativo es el recorte en el rubro Salud para la
Universidad Nacional de Río Negro, que opera actualmente tres hospitales
escuela y se encuentra en proceso de planificación de un cuarto.
Comparando lo propuesto en 2024 para el
ejercicio 2025 con lo presentado en el Proyecto 2026, se observa lo siguiente:
-La propuesta para 2025 fue de: $45.526.749
-La propuesta para 2026 fue de: $17.592.175
Esto representa una reducción aproximada del 60% respecto de la propia
estimación oficial del año anterior, en un contexto de inflación acumulada y de
creciente demanda institucional sanitaria, académica y territorial.
Resulta evidente que esta asignación es
incompatible con el sostenimiento de hospitales universitarios, la formación
profesional de alta complejidad, el abastecimiento de insumos médicos, la
amortización tecnológica y el mantenimiento edilicio sanitario.
Este año el Congreso de la Nación aprobó la
Ley de Financiamiento Universitario, la cual fue vetada por el Poder Ejecutivo
y posteriormente ratificada nuevamente por ambas cámaras, consolidando así su
plena vigencia democrática e institucional. En términos constitucionales, dicha
ley debe ser promulgada y aplicada, de conformidad con el principio de división
de poderes y el respeto a la voluntad parlamentaria.
Por lo tanto, el análisis presupuestario no
puede desvincularse de este marco jurídico: el financiamiento de las
universidades debe alinearse a una normativa ya sancionada en el ámbito de la
legalidad democrática, y no quedar supeditado a criterios unilaterales de
administración financiera circunstancial.
La reducción presupuestaria proyectada
compromete severamente:
-La continuidad de la educación superior como
derecho social.
-La formación de profesionales en áreas
críticas (salud, ambiente, producción, docencia, tecnología).
-La investigación orientada a problemáticas
territoriales.
-La extensión como herramienta de inclusión
social.
-El desarrollo de hospitales escuela en
regiones de baja densidad poblacional.
-El equilibrio federal del sistema
universitario, especialmente en zonas como la Patagonia.
Disminuir el financiamiento equivale a
restringir el acceso educativo, debilitar la cohesión territorial y limitar el
desarrollo científico y sanitario de las regiones periféricas.
Una Argentina con universidades públicas fuertes es una Argentina con futuro.Debilitarlas equivale a comprometer estructuralmente su desarrollo y su soberanía educativa y científica.
Hacia una corrección del Presupuesto 2026: criterios para un marco de sostenibilidad
El sistema universitario nacional sostiene que el Presupuesto 2026 debe ser corregido y alineado con tres criterios fundamentales:
-Aprobación de un presupuesto que supere la condición actual de proyectos no sancionados.
-Alineación con la Ley de Financiamiento Universitario ratificada por el Congreso.
-Adecuación a la propuesta técnica consolidada por el CIN.
Ello incluye la recomposición salarial progresiva frente a la pérdida reconocida por el Estado, el sostenimiento de funciones estratégicas como los hospitales escuela y la asignación de recursos congruentes con el crecimiento de matrícula, complejidad institucional y demanda territorial, mejoras sustantivas de las becas estudiantiles, entre otros puntos.
En ese marco, como rector de la Universidad Nacional de Río Negro, reafirmo junto a todos los integrantes del sistema público universitario el compromiso con el desarrollo nacional, el federalismo, la producción científica y la formación de profesionales para el interés público. Desde esta responsabilidad, se sostiene que el Proyecto de Presupuesto 2026, tal como fue presentado, debe ser revisado, corregido y adecuadamente sancionado en el marco de la legalidad democrática vigente.
La plena promulgación y aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario no constituye una opción, sino una obligación institucional del Estado Nacional.
Garantizar un financiamiento acorde no es un gesto de favor: es una condición mínima para sostener el derecho a la educación superior, el desarrollo científico argentino y la cohesión democrática de la Nación.
Una Argentina con universidades públicas fuertes es una Argentina con futuro.Debilitarlas equivale a comprometer estructuralmente su desarrollo y su soberanía educativa y científica.
