Las Universidades
Nacionales Argentinas no solo constituyen pilares de la educación, la ciencia y
la cultura, sino también uno de los últimos bastiones de soberanía social y
política en una época de regresión ideológica y privatización del sentido
común. Frente al embate del gobierno de Javier Milei, que ha convertido el
ataque a las universidades públicas en un símbolo programático de su gestión,
resulta imprescindible asumir una postura clara y crítica:el financiamiento estatal no es un tema secundario ni técnico, es el
corazón del proyecto universitario público argentino.
La retórica de los
“nuevos tiempos políticos” muchas veces opera como una coartada para legitimar
ajustes, despidos, recortes y precarización institucional. Bajo el eufemismo de "reconfiguración presupuestaria" lo que
se despliega es un plan sistemático de desmantelamiento de las capacidades
estatales para garantizar derechos. En ese marco, el sistema universitario
no está simplemente desafiado a "adaptarse", sino que está siendo
interpelado en su razón de ser. La crisis
no es técnica ni financiera: es ideológica.
El primer punto a
discutir, en este contexto, no es la conveniencia de buscar nuevas fuentes de
financiamiento, sino la centralidad del Estado como garante del derecho a la
educación superior. Esta principalidad no puede relativizarse ni someterse al
vaivén de los ciclos políticos. Explorar mecanismos complementarios de
financiamiento solo tiene sentido si el presupuesto público está plenamente
garantizado y si esos mecanismos no generan exclusión, desigualdad ni
mercantilización del conocimiento.
Minimizar el ataque
del Estado argumentando que "otros
países también tienen financiamiento mixto" es, además de una pereza
intelectual, una omisión grave del contexto. En algunas universidades
estadounidenses, como Harvard, por ejemplo, el financiamiento del estado
federal ronda el 20%, pero esa misma universidad es regularmente cuestionada
por estudiantes, docentes y sociedad civil por su elitismo, falta de equidad y
desvío de prioridades. Ergo,el problema
no es solo cuantitativo: es político, estructural y ético. Así y todo, esa
casa de estudios es atacada ferozmente por Trump, lo que muestra que las
extremas derechas, desdeñan la ciencia y el conocimiento, dos pilares de la
universidades.
Como expresó,
palabras más, palabras, menos, Flavia Terigi, rectora de la Universidad
Nacional de General Sarmiento: "las universidades públicas están siendo
objeto de un discurso muy desvalorizador". Esta perspectiva resalta la
importancia de mantener el carácter público y estatal de nuestras
universidades.
En este sentido, me
parece, que insistir en la "eficiencia", la "vinculación con el
mercado" o en la "generación de recursos propios" como salidas
principales ante la crisis puede (si no se contextualiza) contribuir involuntariamente al relato oficial de desresponsabilización
estatal.
Este lenguaje, cada vez más colonizado por lógicas gerenciales y
empresariales, corre el riesgo de naturalizar el desfinanciamiento como un dato
inexorable en lugar de denunciarlo como lo que es:
una decisión política regresiva que atenta contra el derecho a la
educación y la construcción democrática del conocimiento.
No se trata de negar la necesidad de revisar las
prácticas de gestión, modernizar procesos o articular con otros sectores
sociales. Pero estas acciones deben darse desde una posición de fortalecimiento
del sistema público, no como resignación ante el ajuste. Es más, es precisamente el financiamiento sostenido por el Estado lo
que permite la innovación, la autonomía crítica y la responsabilidad social de
nuestras universidades.
Según el Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN), desde enero de 2024 se ha acumulado una
diferencia del 134% entre la variación de precios y las partidas otorgadas para
gastos de funcionamiento, lo que ha llevado a una situación crítica sin
respuestas concretas por parte del gobierno nacional.
Hoy más que nunca, las universidades nacionales deben
reivindicar su carácter público, gratuito, inclusivo y de calidad. No como una
consigna defensiva, sino como un proyecto estratégico de país. La disputa por los recursos es, en el fondo, una disputa por el
sentido: ¿qué tipo de sociedad queremos construir? ¿Una donde el conocimiento
sea un bien común, o una mercancía al servicio del mercado?.
En este contexto, no es suficiente con adaptarse. Hay que
resistir con inteligencia, comunicar con claridad y disputar el sentido común
colonizado por el neoliberalismo, que busca presentar la desinversión como
modernización, el ajuste como eficiencia y la privatización como innovación.
El movimiento
universitario, en todas sus expresiones, debe reafirmar que el financiamiento
estatal no es negociable, que la universidad pública es un derecho y no un
privilegio, y que defenderla es defender un futuro con justicia social,
pensamiento crítico y soberanía nacional.
Por Mg. Anselmo Torres
Rector de la Universidad Nacional de Río Negro
Hoy más que nunca, las universidades nacionales deben reivindicar su carácter público, gratuito, inclusivo y de calidad. No como una consigna defensiva, sino como un proyecto estratégico de país.
