El rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Anselmo Torres elevó una solicitud formal de intervención ante la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, la Dra. Farida Shaheed, para denunciar la situación de extrema gravedad institucional, social y humanitaria que atraviesa el sistema universitario en la República Argentina, y solicitar su intervención.
En la exposición, remitida al sistema de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el rector sostiene que el país padece un proceso sostenido de regresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el cual resulta incompatible con las obligaciones internacionales asumidas bajo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La denuncia formulada busca proteger una tradición centenaria de educación pública, gratuita e inclusiva que ha sido históricamente el motor de la movilidad social ascendente y el desarrollo científico en el país, y que hoy se encuentra bajo una amenaza estructural. La magnitud de la crisis se fundamenta en indicadores presupuestarios críticos, destacándose que las transferencias a las universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6% entre los años 2023 y 2026. Para el ciclo actual, el financiamiento público destinado a las casas de estudio representa apenas el 0,431% del Producto Interno Bruto, una cifra significativamente menor al 0,718% registrado en 2023, lo que constituye una reducción inédita de los recursos disponibles para el funcionamiento regular del sistema. Esta retracción económica ha impactado de manera alarmante en los salarios del personal docente y no docente, quienes han sufrido una pérdida del 32% de su poder adquisitivo frente a la inflación, situando sus ingresos en el nivel real más bajo de los últimos 23 años. Para revertir este deterioro y recuperar el poder de compra vigente a finales de 2023, se requeriría una recomposición salarial inmediata superior al 47%.
El desfinanciamiento denunciado por la autoridad universitaria alcanza niveles críticos en áreas estratégicas del bienestar estudiantil y la infraestructura académica. Las Becas Progresar, esenciales para garantizar la permanencia de los estudiantes más vulnerables, han sufrido un recorte nominal del 82% entre 2025 y 2026, lo que representa una caída real de más del 95% respecto a los niveles de 2023. Asimismo, la inversión en ciencia y técnica universitaria ha descendido a menos del 40% de lo ejecutado hace dos años, mientras que las partidas destinadas a infraestructura y extensión universitaria han registrado una ejecución equivalente al 0% en términos reales durante el último periodo. Este escenario afecta desproporcionadamente a estudiantes de sectores pobres, mujeres con tareas de cuidado y habitantes de regiones periféricas como la Patagonia, donde la universidad pública suele ser la única vía de acceso a la educación superior.
La presentación ante la ONU también detalla un grave conflicto de poderes y una situación de inseguridad jurídica derivada de la actuación del Poder Ejecutivo Nacional. A pesar de que el Congreso de la Nación sancionó una ley de financiamiento universitario para recomponer los recursos del sistema, el gobierno de Javier Milei ejerció el veto total sobre estas normas. Aún así, el Poder Legislativo logró ratificar la Ley Nº 27.795 mediante mayoría agravada. No obstante la vigencia de la ley, el Ejecutivo suspendió su aplicación mediante el Decreto Nº 759/2025, obligando a las universidades a recurrir a la Justicia Federal. Aunque la justicia federal le ha dado la razón a las universidades, en primera y segunda instancia, ordenando al Estado Nacional aplicar de inmediato las actualizaciones salariales y de becas, el gobierno ha interpuesto un recurso ante la Corte Suprema para evitar su cumplimiento, desconociendo el mandato internacional de asignar el máximo de los recursos disponibles para asegurar el derecho a la educación.
Finalmente, la denuncia subraya que el Estado argentino dispone de fuentes de recaudación alternativas, como impuestos coparticipables o la revisión de gastos tributarios, que permitirían solventar la inversión educativa sin comprometer el equilibrio fiscal.
El rector Anselmo Torres solicitó a la Relatoría Especial que tome conocimiento formal de estos hechos, requiera información urgente al Estado argentino y recomiende medidas para asegurar el cumplimiento de las leyes de financiamiento aprobadas por el Congreso. Se enfatiza que no se trata meramente de una disputa por cifras presupuestarias, sino de la supervivencia de instituciones estratégicas para la ciencia, la tecnología y la democracia sustantiva del pueblo argentino, y así, de la vigencia de los derechos humanos en el país.
El rector Anselmo Torres solicitó a la Relatoría Especial que tome conocimiento formal de estos hechos, requiera información urgente al Estado argentino y recomiende medidas para asegurar el cumplimiento de las leyes de financiamiento aprobadas por el Congreso.
