La reunión informativa, presidida por el senador Eduardo De Pedro (UC), fue un espacio crucial para escuchar a autoridades de diversas universidades nacionales y abordar la crítica situación presupuestaria que atraviesa el sistema universitario público.
El senador De Pedro recordó el veto presidencial a la Ley N° 27.757 de Financiamiento Universitario, sancionada en septiembre del año pasado, que "era una ley pensanda en el funcionamiento básico, mínimo". Afirmó que este desfinanciamiento "no es un error ni un olvido," sino una "decisión política que pone en riesgo el presente y el futuro de la Argentina". Ante este panorama, se reiteró la necesidad de tratar los nueve proyectos de ley presentados por distintos bloques para atender la emergencia universitaria y asegurar una inversión sostenida.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a rectores, vicerrectores, y federaciones de docentes y estudiantes, ha impulsado un proyecto de ley que busca una proyección a largo plazo para las universidades. Oscar Alpa, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de La Pampa, destacó que esta iniciativa cuenta con el respaldo de toda la comunidad universitaria, incluyendo las seis federaciones de docentes y los estudiantes a través de la FUBA.
Diego Aguiar, vicerrector de la Sede Andina de Universidad Nacional de Río Negro quien participó de las exposiciones en representación del rector de la UNRN, Anselmo Torres, delineó la compleja realidad de una universidad joven y regional. “La UNRN, fundada en 2007, opera en ocho ciudades, lo que implica vastas distancias, como los 1000 km entre Bariloche y el rectorado”, detalló. Aguiar subrayó que estas distancias hacen que el presupuesto sea un tema "importante" para todas las universidades, especialmente en las situadas en la Patagonia.
Entre los desafíos presupuestarios que enfrenta la UNRN, Aguiar mencionó el aumento desmedido de servicios esenciales como el gas y los alquileres y relató que “en El Bolsón, el alquiler para la universidad aumentó un 100%, evidenciando cómo la desregulación de los contratos afecta directamente su operación, ya que al ser una universidad joven, aún no posee edificios propios en todas las ciudades donde funciona”.
Aguiar destacó además la paradoja de tener un Campus de 25 hectáreas en Bariloche con un edificio al 95% de su construcción, pero cuya obra está congelada desde diciembre de 2023, mientras la universidad se ve obligada a alquilar diez edificios. Si bien el gobernador de la provincia de Río Negro se comprometió a finalizar esta obra, “otras dos obras proyectadas en el valle quedaron truncas”.
El vicerrector enfatizó que la ley de financiamiento que se está debatiendo, aunque crucial, "cubriría una gran parte del problema de las universidades pero no todo".
Explicó que las universidades reciben una parte significativa de su financiamiento de otros ministerios, como el de Obras Públicas (para infraestructura) y el de Ciencia y Tecnología (para equipamiento y programas como "Construir Ciencia").
Un punto central de su intervención fue el deterioro del sistema científico y tecnológico, calificando la función de investigación como una de las más "resentidas". Aguiar lamentó la parálisis del CONICET y de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que lleva un año y medio sin dar de alta "un solo proyecto". “Esta situación tiene consecuencias devastadoras: investigadores se están yendo del país, y tanto la UNRN como el Instituto Balseiro han perdido personal valioso, mencionó. Como ejemplo del "pluriempleo" forzado, citó el caso de Leonardo Amarilla, un doctor en ciencias biológicas e investigador asistente del CONICET que “actualmente maneja Uber y vende comida para subsistir debido a su bajo salario, lo que le impide dedicarse plenamente a la investigación y la docencia”, ejemplificó.
La preocupación por la calidad educativa también fue manifiesta. Aguiar expuso que la UNRN ofrece las cuatro carreras más costosas del sistema universitario argentino (Arquitectura, Medicina, Veterinaria y Odontología), y ahora enfrentan la imposibilidad de renovar equipamiento básico, como los sillones odontológicos comprados hace 15 años.
Finalmente, Aguiar hizo un llamado a la acción más allá del sector académico, invitando a las cámaras empresariales, la mesa de enlaces y los principales actores económicos a sumarse a la defensa de la universidad, ya que "formamos los profesionales para trabajar en todo el sector privado". Concluyó con la esperanza de obtener el apoyo necesario en el Senado y la Cámara de Diputados para contar la realidad de la Patagonia y asegurar el futuro del sistema universitario.
Las exposiciones contaron con la presencia de otros vicerrectores y rectores, como Franco Bartolacci (CIN y Universidad Nacional de Rosario), Rubén Soro (Universidad Tecnológica Nacional), Sergio Katogui (Universidad Nacional de Misiones), Alejandra Zinni (Universidad Nacional de Quilmes) y Sebastián Puig (UTN – Regional Santa Cruz)27. Además, asistieron representantes de diversos sindicatos docentes y no docentes (UDA, FATUN, CONADU, FEDUN, FAGDUT y UTE CTERA), así como de la Federación Universitaria Argentina (FUA), quienes detallaron la pérdida salarial docente (cerca del 33%), la paralización de obras de infraestructura, el recorte en becas y el deterioro general del sistema científico.
El compromiso de la Comisión fue continuar siendo un "espacio abierto y plural" para encontrar soluciones que garanticen el derecho a la educación y defiendan a todos los sectores afectados por el ajuste.