En un contexto de profunda preocupación por el futuro de la educación pública, la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) informa que su rector, Mg. Anselmo Torres participa de la comitiva de rectores, gremios y estudiantes que este martes 24 de febrero se presenta ante la Cámara de Diputados para manifestar su rechazo al nuevo proyecto de ley de financiamiento impulsado por el Poder Ejecutivo.
La participación del rector forma parte de una serie de acciones en las que viene participando junto a sus pares del resto de las universidades nacionales para exigir el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Poder Legislativo nacional en 2025.
Esta acción colectiva busca frenar un esquema que pretende derogar la normativa aprobada el año pasado, la cual se encuentra actualmente bajo disputa judicial y cuenta con una medida cautelar que ordena el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La posición de la UNRN se alinea estrictamente con lo expresado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que ratifica que cualquier solución a la crisis debe partir del cumplimiento efectivo de la ley vigente sancionada por el Congreso, advirtiendo además que la nueva propuesta oficialista representa un intento de quebrar la unidad del frente universitario mediante una oferta presupuestaria mínima.
El sector educativo considera que el proyecto del Ejecutivo es crítico y regresivo, ya que, según informes técnicos, retrotraería los fondos universitarios a niveles de hace dos décadas. Entre los puntos de mayor conflicto se destaca la insuficiencia salarial, dado que el plan oficial prevé apenas un incremento del 12,3% anual —dividido en tres cuotas no acumulativas—, cifra que dista significativamente del 50% de recomposición que exige la ley vigente para recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2023. Asimismo, la propuesta gubernamental es cuestionada por no reconocer la deuda salarial acumulada durante 2024 y 2025, y por establecer una cláusula de actualización para gastos de funcionamiento que solo se activaría si la inflación supera el 14,3% anual.
“El impacto económico de esta nueva norma sería devastador para el sistema, calculándose una pérdida de aproximadamente 2,5 billones de pesos en comparación con el marco normativo previo. Además del recorte general, el proyecto elimina la actualización automática de las Becas Progresar y delega en el Ministerio de Capital Humano la definición de futuros aumentos, lo que vulnera las garantías blindadas originalmente por el Poder Legislativo. Ante este escenario, la Universidad Nacional de Río Negro reafirmamos nuestro compromiso con la ciencia y la educación nacional, acompañando esta instancia de diálogo en la comisión de Educación para marcar un rechazo total antes de que se impongan los tiempos parlamentarios del oficialismo”, informó Torres.