Las medidas se harán efectivas en caso de no aplicarse la Ley de Financiamiento Universitario.
El Consejo Superior de Programación y Gestión Estratégica (CSPyGE) de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), reunido hoy en sesión ordinaria, aprobó por unanimidad la Resolución 0033/2025, a partir de la cual instruye al rector de la UNRN, Mg. Anselmo Torres llevar a cabo, en forma coordinada con las demás universidades que integran el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), todas las acciones administrativas y judiciales necesarias para garantizar la efectiva aplicación de la Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria.
De acuerdo a la resolución del órgano colegiado de gobierno, estas acciones deberán realizarse conforme a los plazos y mecanismos previstos por la legislación vigente, expresando de esta manera su pleno respaldo institucional a los reclamos administrativos y judiciales que el sistema universitario nacional realice en defensa del financiamiento, la ciencia y la educación pública.
Asimismo, también instruye al rector para que las Secretarías dependientes del Rectorado articulen las gestiones necesarias con el fin de asegurar el cumplimiento de la Ley. Esta articulación incluye al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los organismos competentes del Poder Ejecutivo Nacional y las organizaciones sindicales universitarias, en el marco de las acciones conjuntas previstas a nivel nacional, a fin de asegurar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Esta defensa se produce a partir de las declaraciones públicas realizadas por funcionarios del Gobierno Nacional que manifestaron la presunta falta de recursos presupuestarios, a pesar de que la ley asegura su legalidad y sostenibilidad fiscal.
La resolución, tratada sobre tablas, se apoya en el inminente vencimiento del plazo legal, fijado para el 20 de octubre del año en curso, para la promulgación y publicación de la Ley de Financiamiento Universitario en el Boletín Oficial de la República Argentina. La materialización de este paso es crucial para la efectiva aplicación de la normativa en el sistema universitario nacional, asegurando así niveles básicos en la realización del derecho a la educación en el país.
El CSPyGE sostuvo que el derecho a la educación no es una opción política discrecional, sino un derecho humano de cumplimiento obligatorio por parte del Estado, con lo que su financiamiento púbico es un deber. La Ley de Financiamiento Universitario es considerada un instrumento esencial para la recuperación y fortalecimiento del sistema público de educación superior, ya que asegura previsibilidad, equidad y sostenibilidad al presupuesto de las universidades nacionales. En ese contexto, subrayó la necesidad de estas acciones debido al serio deterioro de la situación económica y social de las trabajadoras y trabajadores universitarios, tanto docentes como nodocentes, causado por la pérdida progresiva del poder adquisitivo y la falta de actualización de las partidas presupuestarias.
La decisión reafirma el compromiso de la UNRN con la defensa de la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad, tal como fue expresado previamente por el Rector en su Carta Abierta, en la que advirtió que “no se puede articular un país justo sin universidad pública; no se puede construir soberanía sin ciencia nacional; no hay futuro sin docentes”.
El Consejo Superior de Programación y Gestión Estratégica manifestó su compromiso con la sostenibilidad presupuestaria del sistema universitario público argentino y la promoción de políticas que garanticen condiciones dignas para el desarrollo de la docencia, la investigación, la extensión y la gestión universitaria.
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