La Universidad Nacional de Río Negro, en ejercicio de su
responsabilidad como institución generadora de conocimiento y comprometida con
el bienestar y el desarrollo soberano de
la región, manifiesta su firme oposición al proyecto de reforma normativa que
el gobierno nacional impulsa bajo la denominación de Ley de Inviolabilidad de
la Propiedad Privada.
Esta institución considera que tal iniciativa representa una
amenaza directa a la soberanía nacional, al resguardo del medio ambiente y a
los activos estratégicos que resultan fundamentales para el bienestar de
nuestra comunidad.
Entendemos que fomentar la concentración de bienes comunes y
la extranjerización del suelo no solo profundiza la dependencia económica de
nuestro país y favorece el drenaje de divisas, sino que también debilita
sustancialmente el dominio sobre nuestra propia integridad territorial, vulnerando
derechos esenciales de acceso a la tierra para los sectores populares, los pequeños
productores rurales y para los pueblos originarios.
Advertimos con preocupación que el territorio no puede ser
reducido a un simple activo financiero ni a una mercancía sujeta a los vaivenes
de la especulación global; es, primordialmente, el cimiento físico y social
sobre el cual nuestras comunidades edifican su identidad y sus proyectos de
vida. Al renunciar a la potestad de regular quién y cómo accede a la propiedad de
la tierra, el Estado deserta de su deber de garantizar la autodeterminación de
su pueblo.
Esta desregulación es particularmente crítica en nuestra
región, donde la propiedad del suelo se focaliza en regiones de vital
importancia geopolítica, incluyendo zonas fronterizas, áreas con gran potencial
minero, cuencas hídricas, acuíferos estratégicos y vastas extensiones de bosque
nativo; una distribución que no es aleatoria sino que se inserta en una disputa
global por recursos naturales en la que las potencias y empresas
multinacionales suelen imponer lógicas de subordinación económica sobre los
países periféricos.
La Universidad Nacional de Río Negro cuenta con carreras –como
Ingeniería Ambiental, Licenciatura en Ciencias del Ambiente, Geología y
Antropología- y con unidades de
investigación que trabajan específicamente sobre estas problemáticas y sobre
las características ambientales, sociales y territoriales de nuestra región. Las
investigaciones y el conocimiento acumulado por nuestros equipos plantean
serios reparos frente a una iniciativa que puede implicar la transferencia
masiva de tierras a manos extranjeras y, además, someter aspectos centrales de
esas operaciones a jurisdicciones legales fuera del país.
Como universidad pública tenemos la responsabilidad de poner
nuestras capacidades científicas al servicio de la sociedad y de advertir cuando
determinadas decisiones pueden comprometer el ambiente, el territorio, los
recursos naturales y, en definitiva, la soberanía sobre decisiones estratégicas
para el futuro.
Por eso, asumimos la responsabilidad de aportar al debate
público un análisis riguroso y crítico fundamentado en el conocimiento. Es
imperativo que las instituciones de ciencia y técnica contribuyan a la defensa
de los derechos humanos y de la soberanía nacional frente a cualquier política
pública que ponga en riesgo el patrimonio de quienes habitan este suelo.
Por
tales motivos, exhortamos a los representantes legislativos a priorizar la
protección de nuestra soberanía y a rechazar un marco normativo que compromete
el futuro de la Patagonia y del país en su conjunto.
Las investigaciones y el conocimiento acumulado por nuestros equipos plantean serios reparos frente a una iniciativa que puede implicar la transferencia masiva de tierras a manos extranjeras y, además, someter aspectos centrales de esas operaciones a jurisdicciones legales fuera del país.
