En una conferencia de prensa conjunta, Beatriz Gentile,
rectora de la Universidad Nacional del Comahue (UNCOMA) y Anselmo Torres,
rector de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), acompañados por el
vicerrector de la UNCOMA, Paul Osovnikar, el vicerrector de la Sede Atlántica
de la UNRN, Daniel Barrio y la decana del CURZAS, Adriana Goicochea y junto a representantes
gremiales y estudiantiles de ambas casas de altos estudios, llamaron a la
ciudadanía a sumarse a la cuarta Marcha Federal Universitaria que se realizará
el próximo martes 12 de mayo.
Anselmo Torres, rector de la UNRN, enfatizó la gravedad
institucional de la situación: “Estamos ante lo irracional: la ley está en
vigencia plena desde el 21 de octubre, fue promulgada, pero el Ejecutivo
decidió en el mismo decreto no financiarla. Cuando la justicia no alcanza y el
parlamento no alcanza, nuestra propuesta es convocar a que la sociedad nos
abrace para volver a exigir el cumplimiento de la ley”. Asimismo, anunció que
ante la "deriva autoritaria" del gobierno, elevarán una presentación
ante la Relatoría de Educación de las Naciones Unidas para buscar presión
internacional.
Por su parte, la rectora de la UNCOMA, Beatriz Gentile,
destacó el rol estratégico de las instituciones en el territorio: “Nuestras
universidades cubren una extensión geográfica que hace posible que cada pibe de
la Patagonia pueda estudiar. El ataque no es contra los rectores, es
básicamente cortarle las posibilidades a quienes quieren acceder a la
universidad pública”. Gentile advirtió sobre la pérdida de recursos humanos en
el sistema universitario: “En el último año tuvimos 275 renuncias de docentes y
no docentes. Si esto continúa, la pregunta es: en el 2030, ¿en qué lugar van a
estar las universidades?”.
Desde el sector gremial, Mahuen Gallo (Secretaria de ADUNC)
vinculó la lucha universitaria con el desarrollo nacional: “Destruir el sistema
científico-tecnológico implica tener un país con menor calidad de desarrollo y
producción. Somos faro a nivel latinoamericano y estamos peleando no solo por
salarios, sino por el futuro de los estudiantes y el impacto en toda nuestra
comunidad”.
En representación de los estudiantes, Sol Martínez (presidenta
del Centro de Estudiantes del CURZA) denunció el estancamiento de las políticas
de bienestar: “Las becas Progresar están estancadas hace 3 años en $35.000, un
monto que no alcanza ni para el transporte ni para conectividad. El 12 de mayo
las calles tienen que estar llenas porque la universidad le pertenece a todo el
pueblo argentino”.
Participaron de la conferencia: APUNC (Asociación del
Personal Nodocente de la Universidad Nacional del Comahue), ATUNRN (Asociación
de Trabajadores Universidad Nacional de Río Negro), ADUNC (Asociación Docentes
de la Universidad Nacional del Comahue), ADURN (Asociación de Docentes de la
Universidad Nacional de Río Negro) y Centro de Estudiantes del CURZAS.
Debido a la decisión del Poder Ejecutivo de no asignar los recursos correspondientes, el sistema acumula ya más de 500 días de incumplimiento de la normativa vigente.
Los datos de la desfinanciación
La crisis presupuestaria que atraviesan las instituciones públicas de educación superior se manifiesta en un ahogo financiero que afecta la operatividad básica del sistema. Según los datos presentados durante la conferencia, el sistema universitario nacional ha sufrido una pérdida superior al 45% en sus gastos de funcionamiento durante los últimos dos años. A esta situación se suma un recorte total en las partidas de inversión, registrándose una caída del 100% en los fondos destinados a infraestructura, ciencia y tecnología.
En lo que respecta a la situación salarial de los trabajadores, se estima que es necesario un incremento superior al 50% para recuperar el poder adquisitivo que se tenía en noviembre de 2023. Este escenario de desfinanciamiento ocurre a pesar de que la Ley de Financiamiento Universitario se encuentra en vigencia plena desde su promulgación el 21 de octubre del año pasado, tras haber obtenido mayoría calificada en el Congreso. Sin embargo, debido a la decisión del Poder Ejecutivo de no asignar los recursos correspondientes, el sistema acumula ya más de 500 días de incumplimiento de la normativa vigente.
