Por Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro.
En el día de ayer se conoció la decisión de la Cámara que ordena al Poder Ejecutivo cumplir con aspectos centrales de la ley de financiamiento universitario. Como suele ocurrir en la Argentina, rápidamente se intentó leer el fallo en clave de ganadores y perdedores: si triunfaron las universidades, si perdió el gobierno, si la Justicia se metió donde no debía.
Sin embargo, creo que esa lectura es superficial. Lo que está en juego es algo más elemental, más profundo y, al mismo tiempo, más preocupante, si en nuestro país cumplir la ley sigue siendo un punto de partida o se ha transformado en una opción.
El Congreso de la Nación sancionó una ley con una mayoría contundente, incluso ratificándola frente al veto presidencial. Ese dato no es menor. En términos institucionales, expresa uno de los consensos más fuertes que puede producir el sistema democrático. Frente a eso, el Poder Ejecutivo decidió suspender su aplicación, invocando razones presupuestarias y normas previas.
La Cámara, con claridad, marca un límite, el Poder Ejecutivo no puede decidir qué ley aplicar y cuál no. Dicho de otro modo, no puede suspender la vigencia de una norma sancionada por el Congreso sobre la base de otra norma anterior. Esto no es un tecnicismo jurídico. Es el corazón mismo del sistema republicano.
Por eso no se trata de un triunfo de las universidades. Se trata de algo más importante, de restablecer un orden básico. En una democracia, el Congreso legisla y el Ejecutivo ejecuta. Cuando ese principio se rompe, lo que entra en crisis no es una política sectorial, sino la arquitectura institucional.
Ahora bien, más allá de la dimensión jurídica, hay un aspecto que no puede perderse de vista. Mientras estas discusiones se desarrollan en los tribunales y en los medios, hay una realidad concreta que atraviesa a miles de docentes y nodocentes que han visto deteriorarse fuertemente su salario, estudiantes que dependen de una beca para poder continuar sus estudios, universidades que funcionan gracias a un esfuerzo cada vez más exigente.
La propia Justicia lo reconoce, no se trata de un conflicto abstracto. Se trata de derechos concretos, con impacto directo en la vida cotidiana. Y aquí aparece otro punto que merece ser dicho con claridad. El argumento del equilibrio fiscal, no puede transformarse en una herramienta para justificar el incumplimiento de una ley ni para desatender derechos básicos.
Incluso en términos estrictamente económicos, el fallo pone las cosas en perspectiva, el impacto de la medida es marginal respecto del total del gasto público. Pero aun si no lo fuera, hay decisiones que no pueden evaluarse únicamente en términos de costo. La educación pública es una de ellas.
Por supuesto, el gobierno está en su derecho de apelar. No sería lo deseable, pero es parte del juego institucional. Pero mientras tanto, la medida está vigente y debe cumplirse. Y lo que se percibe —a partir de declaraciones públicas— es una estrategia de cumplimiento parcial, gradual, “por goteo”. Eso confirma algo que muchos intuíamos; no se puede desconocer abiertamente la decisión judicial, pero se intentará dilatar sus efectos.
El problema es que hay cosas que no admiten dilación. El deterioro salarial no espera. La situación de los estudiantes tampoco. Y la universidad pública, aunque ha demostrado una enorme capacidad de resiliencia, no es inmune a un proceso sostenido de desfinanciamiento.
Lo que está en juego es algo más elemental, más profundo y, al mismo tiempo, más preocupante, si en nuestro país cumplir la ley sigue siendo un punto de partida o se ha transformado en una opción.
Por eso, este fallo no cierra el conflicto. Apenas ordena una parte. El problema de fondo —el financiamiento estructural del sistema universitario— sigue abierto y requiere una discusión seria, responsable y, sobre todo, sostenida en el tiempo.
Desde nuestro lugar, siempre hemos planteado lo mismo,
estamos dispuestos al diálogo, creemos en la construcción de acuerdos y entendemos la complejidad del momento que atraviesa el país.
Pero no todo es negociable, porque no debería serlo en ninguna democracia, en éste caso la ley no es optativa.
En tiempos de incertidumbre, cuando muchas cosas parecen volverse frágiles,
hay un principio que no puede entrar en crisis. Y es ese, que las reglas se cumplen. Porque cuando eso deja de ser obvio, lo que se pone en discusión no es una política pública, sino la propia idea de Estado.
Y sin Estado de Derecho, todo lo demás —la economía, la política, incluso la convivencia social— queda inevitablemente a la intemperie.
