En una jornada de movilización que recorrió las calles de las principales ciudades de Río Negro y Neuquén, la comunidad educativa y la sociedad civil se unieron para reclamar por el presente y el futuro de las casas de estudio nacionales. Esta cuarta Marcha Federal Universitaria tuvo como consigna central la exigencia al Gobierno nacional para que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, en un contexto de profundo deterioro presupuestario y salarial.
En el centro del reclamo, el documento oficial emitido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), titulado "203 días sin aplicar la ley", denuncia que el sistema se encuentra en un estado crítico debido al incumplimiento de las reglas democráticas y constitucionales básicas. El texto advierte sobre un recorte del 45,6% en las transferencias a las universidades entre 2023 y 2026, lo que representa una reducción inédita de recursos. Asimismo, señala que los salarios universitarios han caído a su nivel más bajo en los últimos 23 años, con una pérdida de poder adquisitivo del 37,13%, equivalente a la desaparición de casi once sueldos en el periodo actual. El CIN hizo un llamado directo a la Corte Suprema de Justicia para que garantice el derecho a la educación superior y no permita que se siga ignorando la ley.
Desde el acto central en Plaza de Mayo, el rector de la UNRN y vicepresidente del CIN, Anselmo Torres, lanzó una advertencia directa sobre la fragilidad institucional: "Está en riesgo la democracia, la plena vigencia del estado de derecho". Torres exigió que el Ejecutivo respete la voluntad del Congreso y las decisiones de la Justicia, afirmando que "una sociedad empieza a quebrarse cuando deja de dolerle el sufrimiento del otro". En su discurso, destacó que la lucha universitaria es también la lucha por los jubilados, los trabajadores y las personas con discapacidad, reafirmando que la universidad pública es un instrumento de justicia social y movilidad ascendente que debe ser preservado.
En Viedma, el vicerrector de la Sede Atlántica, Daniel Barrio destacó que el rol de las universidades es vital por “su alcance nacional y su enfoque inclusivo, que rompe barreras económicas para quienes viven lejos de los centros urbanos. No obstante, el éxito de esta expansión educativa e inclusiva parece haber desencadenado una "cruzada" por parte del gobierno”. En la ciudad de Bariloche, el vicerrector de la Sede Andina Diego Aguiar, describió el escenario como un "crudo panorama" marcado por la falta total de apoyo nacional. Aguiar subrayó que el ajuste no solo afecta los salarios, sino también las becas estudiantiles, la infraestructura y la investigación, puntualizando que el sector docente y nodocente ha perdido cerca de un 40% de su salario real, lo cual definió gráficamente al expresar que "es como si hubiéramos perdido diez salarios". Por su parte, la vicerrectora de la Sede Alto Valle – Valle Medio, Andrea Tapia, advirtió que el incumplimiento de la normativa "pone en jaque" al sistema democrático. Durante sus declaraciones, Tapia vinculó la crisis presupuestaria con el funcionamiento institucional, señalando que la falta de fondos afecta servicios esenciales y equipamiento crítico. Como ejemplo de este deterioro, mencionó que el Hospital Escuela de Odontología de la UNRN ha visto reducida su capacidad operativa de 32 a solo 20 sillones útiles, debido a la imposibilidad de reponer los insumos y equipos necesarios. Para la vicerrectora, el reclamo trasciende lo económico, pues involucra la vigencia del contrato social en un estado de derecho.
La movilización, que contó con una amplia adhesión de las comunidades de la UNRN y de la Universidad Nacional del Comahue en ciudades como Viedma, General Roca, Bariloche, El Bolsón, Cipolletti, Villa Regina, Choele Choel y Neuquén, cerró con un mensaje unificado de resistencia y defensa de la soberanía científica y tecnológica del país
Temas. Marcha Federal Universitaria