Las autoridades de la Sede han dialogado, desde el inicio de la “toma”, con los/as ocupantes con el fin que reflexionen acerca de que esta extrema medida de fuerza afecta gravemente el normal funcionamiento de la Universidad. El reclamo genérico que justificó la toma, centrado en el pedido de un mayor presupuesto para las universidades nacionales y de mejores salarios resulta absurdo, ya que las autoridades superiores de la UNRN no sólo comparten esa posición, sino que realizan gestiones ante las autoridades nacionales para que se efectivicen esas justas demandas. El reclamo de un edificio para Cipolletti es tan válido como los que piden por edificios para Bariloche, para Regina o Choele Choel.
A partir de la inconsistencia de dichos reclamos (que implican ilegitimidad de la toma) y considerando que en ningún momento los ocupantes mencionaron que tomarían el edificio por un día para visibilizar la protesta (tal como ocurrió en Bariloche, sin problema alguno) sino que, por el contrario, manifestaron que la ocupación era por tiempo indeterminado, ante el ilícito de la usurpación de un edificio público, la UNRN -previo anticipar a los ocupantes de la medida que se tomaría si no desistían de la ocupación, realizó la denuncia judicial correspondiente. Desde entonces los/as representantes del pequeño grupo (no más de 15) que mantiene la “toma” han exigido como primer punto en las mesas de diálogo desarrolladas que se haga pública la denuncia presentada por ante el Juzgado Federal de General Roca.
Los funcionarios públicos están obligados a denunciar cualquier irregularidad que pueda configurar un delito; la pérdida de control en el resguardo de los bienes públicos a su cargo los pone en situación de que su accionar por omisión pueda ser considerado delito. Estas obligaciones surgen especialmente tanto de la Ley de Educación Superior 24.521 (art. 59), la Ley de Administración Financiera 24.156 (art. 130) como de los artículos 248, 249 y 277 del Código Penal de la Nación Argentina.
El edificio de la Sede del Vicerrectorado ocupado es una propiedad privada que la Universidad alquila, y además Patrimonio Histórico de la ciudad de General Roca. Existiendo una causa penal en trámite, las constancias obrantes en la misma no pueden ser ventiladas públicamente, bajo pena de configurar delito penal para el funcionario público, previsto por el artículo 277 del Código Penal de la Nación Argentina que establece penas de prisión de 1 (un) año a 6 (seis) años.
Estas circunstancias han sido largamente informadas a las/os representantes de los ocupantes de la “toma”, tanto en las reuniones mantenidas, como por escrito, sin perjuicio de lo cual se han mantenido inflexibles en su requerimiento de que las autoridades den a publicidad dicha información para levantar la toma. Ello obstaculiza indefectiblemente cualquier posibilidad de solución del conflicto.
Las autoridades han comprometido que inmediatamente que se produzca el levantamiento de la “toma” informarán de dicha circunstancia al Juzgado Federal actuante.
Frente a esta situación, la única respuesta de parte de los/as ocupantes ha sido circular información falsa, instar al envío de mensajes publicando los celulares particulares de autoridades y acciones de escrache en las redes o en el edificio de Valle Fértil y de Choele Choel, afectando el buen nombre y honor de las autoridades universitarias democráticamente electas. Además el accionar intimidatorio de este grupo minoritario no representativo ha perjudicado el avance de las reuniones de trabajo que se mantienen con los directores de las carreras (desde Cinco Saltos hasta Choele Choel inclusive) para establecer acciones de emergencia que permitan que los alumnos no pierdan días de clase y que los trabajadores nodocentes puedan desarrollar sus tareas en forma precaria a partir de la ocupación del edificio del Vicerrectorado, ya que han sido reubicados en la sala de informática del edificio áulico de la Valle Fértil.
Los responsables de la toma no han querido negociar con las autoridades el levantamiento de la misma y permanentemente han actuado en base a evasivas y planteos absurdos, sumado a la constantes mentiras, provocación y agresión al Vicerrector y otras autoridades de la Sede.
Una vez más, se insta a los/as ocupantes del Vicerrectorado de la Sede Alto Valle y Valle Medio a que reflexionen y cesen en la conducta que perjudica inexorablemente al desarrollo de las actividades de docencia, extensión e investigación de la comunidad educativa de la Universidad Nacional de Río Negro, que afectan su prestigio en la sociedad, clave para que la comunidad siga confiando en una universidad previsible y de calidad en la que los estudiantes puedan cursar sus estudios en paz y tranquilidad.